“Los negros no son trabajadores”: formalizan a docente de Rivera por incitación al odio
El hombre había sido denunciado por declaraciones racistas y discriminatorias a sus alumnos en el marco de una clase de UTU.
La Justicia de Rivera formalizó este martes la investigación de un docente del Polo Educativo Tecnológico de UTU, quien había sido denunciado por un grupo de estudiantes por incitación al odio y desprecio, según informó el periodista Eduardo Preve a través de X (antes Twitter), y confirmó Montevideo Portal con base en documentos del Poder Judicial y fuentes de Fiscalía.
Se trata de Martín Amadeo Guadalupe, quien, según se sostiene en la Justicia, en el marco de una clase, dijo a un grupo de estudiantes que “al peón hay que explotarlo de igual manera que al pobre, y si no le gusta, hay que dejarlos morir de hambre”.
“En mi familia no contratamos negros porque no son trabajadores, mucho menos los negros brasileros de origen africano; esos son más vagos aún. El brasilero cruza gringo, ese sí es trabajador”, expresó también.
Ante esto, la defensa argumentó, entre otras cosas, que “no hay tipicidad en los hechos”, ya que la ley no enumera entre las posibles causales de iniciación al odio “el de ser peón o pobre a su vez”.
Los abogados del docente indicaron que “no es el color de piel el centro de los dichos, sino que justamente los dichos refieren a la calidad de peón pobre o vago de la persona”, de acuerdo con el auto de la Justicia.
Asimismo, en la resolución se hace referencia al padre del imputado, el diputado nacionalista Eduardo Guadalupe, quien había declarado públicamente que la denuncia a su hijo era una persecución contra él.
En la resolución de la jueza letrada de primera instancia de Rivera, María Ivana Cantera, que no dio lugar a los argumentos de la defensa, se formaliza la investigación de la Fiscalía a este respecto “por la presunta comisión de un delito de incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas en calidad de autor”.
De acuerdo con otros dos decretos firmados por la misma jueza, se resolvió una medida cautelar de fijación de domicilio, y la prohibición de comunicación y acercamiento en un radio de 300 metros a los denunciantes por un plazo de 120 días, “por considerarlo prudencial conforme lo emanado de la audiencia”.
