Proyecto de prisión domiciliaria a mayores de 65 puede ser contrario a estándares de DDHH
La Dirección de Asuntos de Derecho Internacional de Cancillería alertó esta situación en un informe técnico dirigido al Parlamento.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores recibió en las últimas semanas un informe técnico que había solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) para conocer las posibles consecuencias desde el punto de vista del derecho internacional por el proyecto de ley de Cabildo Abierto que pretende dar prisión domiciliaria a todos los privados de libertad mayores de 65 años, informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal.
Según dijeron fuentes de Cancillería a Montevideo Portal, se trata de un documento “técnico”, que no emite “opinión” sobre el proyecto y que fue realizado por la Dirección de Asuntos de Derecho Internacional de la cartera. Además, el informe estuvo a cargo del director del departamento de Derecho Internacional, Marcos Dotta, basado en “recomendaciones de normas jurídicas nacionales e internacionales sobre los derechos humanos”.
El medio anteriormente mencionado asegura que el informe hace algunas observaciones, por ejemplo, se indica que Uruguay ya fue condenado en dos instancias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por asuntos vinculados al pasado reciente y que la ejecución de estas sentencias “potencialmente” podrían afectar la “implementación del proyecto a estudio”.
También se mencionan diferentes estándares internacionales de derechos humanos, la posición contraria al proyecto de cinco relatores de esta temática en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y realiza una advertencia de que la posible aprobación de este texto puede ser considerada “contraria a los estándares correspondientes”.
Finalmente, el MRREE consideró que el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria debe ser analizado en el marco de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y sugirieron que pidan la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la “compatibilidad” entre el proyecto de ley y la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados”.
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